Comprobar a 347.442 empresas con la plantilla de siempre

FUNDAE encara las no conformidades de 2024 con un proceso nuevo y ni una plaza estructural más. Editorial sobre el encargo, los medios y lo que arriesga el sistema.

Desde mediados de julio, buena parte de las empresas que se bonificaron formación en 2024 ha aprendido a mirar el buzón electrónico con otra cara. Las notificaciones de no conformidad del ejercicio 2024 —las primeras que firma la propia FUNDAE tras el Real Decreto 1189/2025— llegan por oleadas, dan diez días hábiles para alegar y no admiten segundas oportunidades. La maquinaria es nueva y está engrasada. La pregunta que nadie ha contestado todavía es más elemental: ¿con qué manos piensa la Fundación leer todo lo que va a recibir?

Un encargo nuevo sobre una mesa ya llena

Hasta el año pasado, el resultado de la comprobación de las bonificaciones lo comunicaba el SEPE y ante el SEPE se alegaba. El Real Decreto 1189/2025, en vigor desde el 1 de enero de 2026, reescribió el artículo 18 del RD 694/2017: borró aquel trámite del reglamento y dejó la práctica del proceso en manos de la Fundación, que ahora emite el escrito, recibe la documentación y las alegaciones por tramites.fundae.es y traslada su criterio al SEPE. En este diario ya explicamos el nuevo protocolo y cómo presentar las alegaciones; hoy toca mirar al otro lado de la ventanilla.

Artículo 18.4 del RD 694/2017, en la redacción dada por el RD 1189/2025

«[…] la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, F.S.P. colaborará con el Servicio Público de Empleo Estatal, O.A. en la comprobación de la adecuada tramitación y justificación de las bonificaciones […]». Y a renglón seguido: «En ningún caso, la colaboración a que se refiere el párrafo anterior podrá suponer el ejercicio de potestades administrativas por parte de la citada Fundación.»

Ahí está la primera paradoja, que no es menor: la empresa se defiende, en diez días hábiles y a un solo intento, ante una entidad que por ley no puede decidir nada. Quien decide —el SEPE, y después, para las cuotas no devueltas, la Inspección de Trabajo— aparecerá más tarde, cuando el expediente ya venga armado con el criterio de la Fundación.

El calendario confirma que esto no es un ensayo. En octubre de 2025, FUNDAE anunció los resultados de la comprobación del ejercicio 2024 en la propia aplicación telemática —esa parte del trabajo siempre fue suya—. Desde el 13 de julio de 2026, las empresas con incidencias de seguimiento reciben notificaciones electrónicas firmadas por la Dirección Gerencia, por lotes y con anexos tasados. La guía oficial del trámite fija las reglas del juego: un único envío, sin ampliaciones de plazo, sin segundas alegaciones, y respuesta expresa solo si se desestima. Si estiman, silencio: «consulte sus datos».

El tamaño del encargo

Conviene poner cifras al tablero. Según el balance «Formación en las empresas 2024» de la propia Fundación, el ejercicio que ahora se comprueba movió 347.442 empresas formadoras, 5.824.016 participantes y 644,6 millones de euros de crédito dispuesto. El reglamento obliga además a que las visitas de seguimiento —en tiempo real y ex post— cubran al menos el diez por ciento de los recursos públicos destinados a la formación de las empresas: unos 64 millones de euros vigilados sobre el terreno cada año. Y el encargo no acaba en 2024: el ejercicio 2025 se comprobará con este mismo molde, mientras la Inspección de Trabajo remata en paralelo el ejercicio 2023 con su propia tanda de cartas —un 0,91 % de empresas afectadas, según sus propias comunicaciones—.

En Expeforma lo estamos viendo en primera fila. Solo entre el 13 de julio y el 2 de agosto, nuestros socios han subido a la plataforma 51 expedientes de no conformidad del ejercicio 2024, de 20 gestores distintos. Los hay de todos los tamaños, desde la microempresa con una acción formativa hasta la gran cuenta con decenas de grupos; a todos se les pide lo mismo: un único envío y diez días hábiles. Si esa es la fotografía de una sola comunidad de gestores en tres semanas, no hace falta mucha imaginación para estimar lo que está entrando en los servidores de la calle Torrelaguna.

¿Y la plantilla?

Aquí es donde el papel oficial empieza a escasear. Las cuentas anuales que FUNDAE publica en su portal de transparencia detallan al céntimo el gasto: 23,6 millones de euros de personal en 2024, un 12,3 % más que los 21 millones de 2023, dentro de un presupuesto de funcionamiento de 52,5 millones del que se ejecutaron 40. Lo que no consignan, ni en 2023 ni en 2024, es cuántas personas sostienen ese gasto. A coste medio de un técnico de la casa, la aritmética sugiere una plantilla en el entorno de las cuatrocientas y pico personas para todo: bonificada, subvenciones, fondos europeos, sistemas, seis centros de trabajo de Madrid a Pamplona.

¿Y cómo se refuerza esa estructura para el mayor encargo que ha recibido en años? El tablón de selección responde solo. En 2024, cinco procesos: técnicos de sistemas, un analista funcional, un perfil jurídico, puestos ligados a los fondos del MRR. En 2025, otros cuatro: tres plazas para el control de fondos del MRR, una de estadística, un oficial de oficios, un técnico de ciberseguridad. Y en 2026, el año en que estrena la ventanilla de no conformidades, una única convocatoria, la SE-01-26, publicada el 4 de marzo: una bolsa de empleo de personal técnico de gestión «integrada por un máximo de 50 personas, destinada exclusivamente a la cobertura de necesidades de sustitución temporal». Suplentes para maternidades, bajas y excedencias, a 41.988,38 euros brutos. Ni una plaza estructural nueva. A día de hoy, la página de procesos abiertos está vacía.

Bases de la convocatoria SE-01-26 de FUNDAE (funciones del puesto)

«Examinar las alegaciones y recursos de alzada presentados por los beneficiarios en las fases de concesión o justificación.»

El detalle no se nos escapa: la ficha de funciones de los suplentes temporales ya incluye, negro sobre blanco, examinar alegaciones. La Fundación sabe perfectamente qué trabajo viene. Y sus planes de actuación de 2025 y 2026 dejan escrita la doctrina de la casa cada vez que anuncian una unidad nueva: se hará «con el personal actual de la Fundación, sin incremento de medios humanos ni de retribuciones». El plan de 2026 programa, literalmente, «ejecutar el proceso de comprobación de las bonificaciones aplicadas»; sobre los medios para leerlo todo, ni una línea. Mientras tanto, el convenio que articula la colaboración con el SEPE acaba de prorrogarse cuatro años más, hasta marzo de 2029: el encargo llega para quedarse.

Más proceso, no más manos

La respuesta de FUNDAE a la pregunta del título es, en realidad, un diseño: notificación electrónica por lotes, plazo corto y único para el administrado, formulario tasado, silencio salvo desestimación y traslado en cadena a quien sí tiene potestades. Es una solución de ingeniería, y como toda solución de ingeniería, funciona mientras nadie mire dentro de la caja. Porque notificar a escala industrial es fácil; lo difícil es leer. Leer alegaciones de verdad —contrastar un control de asistencia, un asiento contable, una guía didáctica— exige tiempo de técnico, y el tiempo de técnico es exactamente lo que no se ha reforzado.

Los riesgos son fáciles de enunciar. Para las empresas, una revisión formularia en la que las alegaciones se despachen a peso y el SEPE haga suyo el criterio de la Fundación sin volver a mirar el expediente: es la práctica que venimos observando. Para el sistema, un cuello de botella que no desaparece, sino que se desplaza aguas abajo, hacia la Inspección de Trabajo y los tribunales, con intereses y recargos engordando por el camino. Y para la propia plantilla de la Fundación —a la que nadie ha preguntado—, picos de trabajo estructurales atendidos con suplencias. La inercia, además, tiene precedentes: diecinueve años lleva este sector esperando que se actualicen unos módulos; que nadie descarte que las alegaciones de 2024 acumulen también su propia cola.

Lo que pedimos (y lo que haremos)

Desde esta casa no vamos a discutir que las bonificaciones se comprueben; un sistema que mueve 644 millones al año debe comprobarse, y bien. Lo que pedimos es simetría. Si a la empresa se le exigen diez días, un solo intento y documentación al céntimo, a la Fundación se le puede exigir lo mismo que a cualquier organización que asume una función crítica: publicar cuánta gente tiene y cuánta dedica a esta tarea, publicar cuántas no conformidades notifica cada año y cuántas alegaciones estima y desestima, motivar las respuestas una a una y, si el encargo ha venido para quedarse hasta 2029, dotarlo de plazas de verdad y no de una bolsa de suplentes.

Mientras tanto, los gestores de formación haremos lo que hacemos siempre: cumplir los plazos que otros fijan. Alegar en diez días, con el tenor literal de cada incidencia y la prueba completa, y con la vista puesta en el expediente que pueda venir después. Seguiremos contando lo que llegue a nuestros buzones, oleada a oleada. Y seguiremos haciendo, número a número, la pregunta de este editorial, hasta que alguien la conteste con una plantilla y no con un formulario.

La redacción de Expeforma