Diecinueve años a 9 euros la hora: unos módulos congelados que ya no admiten excusas

Expeforma estrena su sección «Línea editorial» con una denuncia largamente documentada: los módulos de la formación programada —9, 13 y 7,50 euros por hora— llevan diecinueve años sin actualizarse desde la Orden TAS/2307/2007. Mientras la Orden TES/1582/2025 sube los precios de la formación de oferta y el RD 1189/2025 endurece el control de la bonificada, el diario reclama actualizar los módulos, recuperar el trato diferenciado a la micropyme y revisar el crédito mínimo de 420 euros.

La formación programada se bonifica hoy a los mismos 9, 13 y 7,50 euros por hora que fijó la Orden TAS/2307/2007. Diecinueve años después, la oferta estrena precios y la bonificada solo suma controles a sus módulos congelados.

Expeforma inaugura con esta pieza su «Línea editorial», el espacio en el que este diario fijará posición sobre los asuntos que afectan a quienes gestionan la formación programada por las empresas. Y ninguno resulta tan urgente como este: desde que la Orden TAS/2307/2007 fijó las cuantías máximas bonificables —9 euros por hora en la formación presencial de nivel básico, 13 en la de nivel superior y 7,50 en teleformación—, ninguna norma las ha tocado. Casi dos décadas después, esos módulos congelados siguen decidiendo cuánto vale una hora de formación bonificada en España.

Diecinueve años con los módulos congelados: 9, 13 y 7,50 euros la hora

El punto de partida es la Orden TAS/2307/2007, la norma que desarrolló el sistema de bonificaciones y cuyas cuantías máximas siguen aplicándose hoy. Desde entonces, el IPC del grupo de enseñanza acumuló una subida del 42,1 % entre enero de 2008 y septiembre de 2024. Trasladado a los módulos, el de 13 euros se movería hoy en torno a los 18,50 euros por hora, y el de teleformación, de 7,50, en torno a los 10,65. La formación se contrata a precios de 2026 y se bonifica a precios de 2007.

La brecha no castiga a todos por igual. El Balance de Situación 2024 de Fundae sitúa la tasa de cobertura formativa en torno al 15 % en las micropymes de 1 a 9 trabajadores, frente al 91,8 % de las grandes empresas; en los tramos intermedios, el 48,9 % de las pequeñas y el 80,7 % de las medianas. Cuanto más pequeña es la empresa, menos capacidad tiene de absorber ese desfase.

Un ejemplo verificado lo resume: un curso presencial de nivel superior de 400 euros, con 2 alumnos y 4 horas de duración, permite bonificar 13 € × 4 h × 2 = 104 euros, en torno a un 25 % del coste real. El resto lo asume la empresa.

Nada de esto es nuevo. Lo venimos documentando desde octubre de 2024, cuando advertimos de que más de 15 años sin revisar los módulos económicos ponen en jaque la calidad formativa; después constatamos que la formación bonificada lleva casi 20 años sin actualizar sus precios y que la micropyme es la gran perjudicada de las bonificaciones de formación.

La oferta ya cobra a 15,40 euros la hora; la bonificada solo recibe más control

El agravio comparativo se ha hecho explícito en 2026. La Orden TES/1582/2025, de aplicación desde el 1 de febrero de 2026, actualiza los módulos económicos, pero solo para la formación de oferta: 15,40 euros por hora en modalidad presencial —módulo único— y 8,90 en teleformación, cuantías que las Administraciones competentes pueden incrementar hasta un 50 % en supuestos de singularidad. Como explicamos en su momento, la Orden TES/1582/2025 no afecta a la formación bonificada, sino que se centra exclusivamente en la formación de oferta. La Administración reconoce así que con precios de 2007 no se forma en 2026; lo reconoce, eso sí, únicamente para los cursos que financia de forma directa.

Para la formación programada por las empresas, la novedad de 2026 ha sido de otro signo. El RD 1189/2025, en vigor desde el 1 de enero de 2026 y que da nueva redacción al artículo 18 del RD 694/2017, endurece el control sobre la bonificada: derivación de las irregularidades detectadas por el SEPE a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con actas de liquidación, intereses de demora desde el disfrute indebido de la bonificación, conservación de la documentación durante 4 años y actuaciones de seguimiento sobre un mínimo del 10 % de los recursos. Ya detallamos qué módulos siguen vigentes en la bonificada tras el RD 1189/2025. Más exigencia, ni un euro más.

Aviso al gestor: el derecho vigente no cambia. Hoy siguen aplicándose los módulos de 9, 13 y 7,50 euros por hora —8 y 5 euros en certificados de profesionalidad— y el crédito mínimo de 420 euros. Nada de lo aquí defendido autoriza a bonificar un céntimo más.

No pedimos un favor: la Ley 30/2015 ya prevé cómo actualizar los módulos

Lo más grave es que nada de esto exige una reforma de calado. La propia Ley 30/2015 prevé mecanismos de actualización de los módulos: uno anual, a cargo de la Dirección General del SEPE, y otro periódico, mediante orden ministerial. Ninguno se ha ejercido de forma sustancial en casi dos décadas. Cabe un matiz honesto: la memoria del análisis de impacto normativo que acompañó a la reforma de 2025 remite la cuantía de la formación bonificada a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y la última aprobada es la Ley 31/2022, la de los PGE de 2023; 2024, 2025 y 2026 funcionan con cuentas prorrogadas. La cadena de responsabilidades es difusa; la parálisis, incontestable.

El coste de esa parálisis lo ha cuantificado este diario. Según los análisis publicados por Expeforma, en los últimos 17 años se han bonificado 8.500 millones de euros y se han dejado de bonificar 2.200 millones por el desfase de los módulos, con 220 millones en honorarios perdidos por los gestores de formación. Solo en 2023, sobre unos 600 millones gestionados, las empresas habrían podido disponer de 250 millones adicionales y los gestores habrían ingresado 25 millones más en honorarios. Por eso sostuvimos que la actualización de los módulos económicos es un imperativo para la formación profesional para el empleo. Son estimaciones propias, y las sostenemos.

Actualizar los módulos, proteger a la micropyme y revisar el crédito de 420 euros

Esta línea editorial no nace para lamentarse, sino para pedir. La petición, dirigida a quien ostenta la competencia normativa, se concreta en tres puntos:

  1. Actualizar los módulos económicos por los cauces que la Ley 30/2015 ya contempla, sin esperar a una nueva ley de presupuestos ni a una reforma integral del sistema. Los instrumentos jurídicos existen; lo único ausente durante diecinueve años ha sido la decisión de utilizarlos.
  2. Recuperar un tratamiento diferenciado para la micropyme. Bajo el RD 395/2007 y la propia Orden TAS/2307/2007, las empresas de 1 a 9 trabajadores estaban exentas de los módulos máximos, y las pequeñas y las medianas podían excederlos en un 10 % y un 5 %, respectivamente. La Ley 30/2015 eliminó esas excepciones sin ofrecer alternativa, y las tasas de cobertura actuales retratan el resultado.
  3. Revisar el crédito mínimo de 420 euros, la cantidad con la que las empresas más pequeñas deben costear toda su formación anual. Es una cuantía pensada para los precios de otra época, erosionada por la inflación y cada vez más alejada del coste real de un solo curso.

Ninguna de las tres medidas obliga a inventar nada: basta con recuperar lo que el sistema ya tuvo o activar lo que ya prevé.

Seguiremos contando los años

El año que viene, la Orden TAS/2307/2007 sumará un año más con sus módulos intactos, salvo que alguien decida lo contrario. Este diario seguirá contando los años y documentando el desfase, con cifras y con normas, cada vez que haya ocasión. La congelación no es un tecnicismo contable: decide qué empresas pueden formar a su plantilla y cuáles renuncian. Es la primera posición que fija esta línea editorial, y no será la última vez que la defienda. Sin estridencias y con los datos por delante.

La redacción de Expeforma