Fuerza Mayor en la Formación Bonificada: Requisitos legales, justificación y aplicación ante FUNDAE y SEPE

¿Cómo justificar cancelaciones o incidencias por fuerza mayor en FUNDAE? Requisitos del art. 1105 del Código Civil, carga probatoria del art. 217 LEC, protocolo del RD 1189/2025 y protección del crédito formativo.

En la gestión operativa de la formación programada por las empresas (formación bonificada), los departamentos de Recursos Humanos, centros de formación y entidades organizadoras se enfrentan con frecuencia a imprevistos que obligan a alterar horarios, suspender sesiones de aula virtual o cancelar grupos formativos comunicados. Sin embargo, en el ámbito del control de fondos públicos gestionados por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), no cualquier contratiempo resulta admisible como justificación eximente.

El principal instituto jurídico que permite exonerar el incumplimiento de plazos o comunicaciones previas es la fuerza mayor, regulada en el artículo 1105 del Código Civil español:

«Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables.»

Bajo el principio ad impossibilia nemo tenetur (nadie está obligado a lo imposible), la concurrencia de fuerza mayor exime de responsabilidad, pero su apreciación ante la Administración sigue un criterio restrictivo y de prueba rigurosa.

1. Requisitos jurisprudenciales acumulativos de la fuerza mayor

Para que un acontecimiento sea calificado como fuerza mayor y despliegue eficacia jurídica ante FUNDAE y el SEPE, deben concurrir simultáneamente cuatro requisitos fijados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo:

1. Imprevisibilidad e inevitabilidad: El suceso debe superar las medidas habituales de previsión profesional. Si el hecho era evitable mediante una diligencia organizativa normal, decae la fuerza mayor.
2. Externalidad absoluta: El evento debe originarse fuera del ámbito organizativo o empresarial de la entidad impartidora u organizadora.
3. Nexo causal directo: Imposibilidad material y directa de cumplir con la obligación formativa (o con la comunicación previa en el aplicativo telemático) provocada exclusivamente por el evento.
4. Ausencia de culpa o negligencia: Ninguna conducta de la empresa o del centro debe haber contribuido a desencadenar o agravar el impedimento.

2. Distinción dogmática: Caso fortuito vs. Fuerza mayor en formación bonificada

La distinción conceptual es crítica ante actuaciones de seguimiento y control del SEPE e Inspección de Trabajo:

• Caso Fortuito (Riesgo empresarial interno): Suceso imprevisto pero originado dentro del círculo de actividad de la empresa. Ejemplo: Caída puntual del servidor propio de teleformación, avería de equipos informáticos del centro o indisposición repentina no justificada documentalmente. No exime de responsabilidad ante FUNDAE.
• Fuerza Mayor (Eximente externa): Suceso externo, insuperable y sobrevenido. Ejemplo: Corte generalizado del suministro eléctrico o telecomunicaciones por catástrofe meteorológica oficial, inundación de instalaciones acreditada por atestado o emergencias de salud pública decretadas por la autoridad. Sí exime de responsabilidad y penalizaciones.

3. Carga de la prueba (Art. 217 LEC) y protocolo ante requerimientos

Conforme al artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la carga de la prueba recae íntegramente sobre la empresa o entidad organizadora que invoca la fuerza mayor. La Administración no presume la concurrencia del hecho extintivo:

• Prueba documental fehaciente: Partes policiales, avisos de emergencias (AEMET/Protección Civil), certificados de compañías suministradoras de telecomunicaciones o informes médicos oficiales que acrediten la imposibilidad insalvable.
• Inmediatez en la comunicación telemática: Dejar constancia de la incidencia en el aplicativo de FUNDAE tan pronto como cesen los efectos impeditivos o en el primer momento técnicamente factible.
• Trámite de alegaciones ante No Conformidades (Real Decreto 1189/2025): Si la incidencia deriva en una comunicación de no conformidad, el nuevo procedimiento del RD 1189/2025 confiere un plazo improrrogable de 10 días hábiles para formular alegaciones y aportar el acervo probatorio antes de que el expediente sea elevado a la ITSS para liquidación de cuotas.

4. Conclusión y recomendaciones preventivas

La invocación de fuerza mayor ante FUNDAE y el SEPE requiere rigor documental, inmediatez en el registro de incidencias y fundamentación jurídica precisa. Disponer de planes de contingencia documentados y recopilar la prueba en tiempo real es la única garantía para blindar las bonificaciones aplicadas frente a actas de liquidación.