El Departamento Jurídico de AUTOFORMA impulsa una consulta legal de alto nivel sobre el polémico RD 1189/2025
La Asociación Nacional de Gestores de Formación (AUTOFORMA) ha elevado una formal consulta legal ante el Estado para exigir la restitución de la seguridad jurídica y el derecho de defensa de las empresas, gravemente comprometidos tras la promulgación del Real Decreto 1185/2025. La acción se centra en la eliminación del trámite de alegaciones en el control de la formación bonificada, una omisión que, según el Departamento Jurídico de la Asociación, genera una indefensión inaceptable y atenta contra principios constitucionales básicos. AUTOFORMA busca obligar a la Administración a clarificar los criterios de aplicación y la justificación de este polémico cambio normativo.
La Asociación Nacional de Gestores de Formación (AUTOFORMA) ha elevado una formal consulta legal ante los organismos competentes del Estado, poniendo el foco en las graves implicaciones que se derivan de la reciente promulgación del Real Decreto 1189/2025. La acción, impulsada por el Departamento Jurídico de la Asociación, busca restablecer la seguridad jurídica y el derecho de defensa de las empresas en el ámbito de la formación bonificada.
El núcleo de la preocupación de AUTOFORMA reside en la modificación del artículo 18 del Real Decreto 694/2017, donde se ha suprimido la posibilidad explícita de que las empresas presenten alegaciones en defensa de la correcta aplicación de sus bonificaciones. Esta omisión, según los expertos jurídicos de la Asociación, genera un limbo procedimental que podría derivar en una indefensión inaceptable para el tejido empresarial.
El escrito legal, plantea cuatro interrogantes esenciales a la Administración:
- Determinación de la Autoridad Competente: Se exige la clarificación sobre qué organismo, si el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), será el responsable de comunicar formalmente las no conformidades a las empresas.
- Garantía del Derecho de Defensa: Se pregunta si, a pesar de la supresión en el texto legal, existe un procedimiento reglado y preceptivo que permita a las empresas presentar alegaciones y pruebas en defensa de sus bonificaciones antes de cualquier requerimiento de reintegro.
- Instrucciones Internas: Se solicita la entrega de todas las instrucciones, circulares o protocolos internos que se hayan dictado para guiar la actuación de los órganos de control ante las discrepancias que surjan a la luz del nuevo Real Decreto.
- Justificación de la Supresión: En un ejercicio de transparencia y búsqueda de la ratio legis, se han solicitado los informes y memorias previas que justificaron la eliminación del trámite de alegaciones en el artículo 18, un movimiento que ha generado gran controversia en el sector.
El Secretario General de AUTOFORMA, D. José Antonio Márquez, ha manifestado que esta acción es un paso firme en la defensa de los derechos de los gestores y las empresas. «No podemos permitir que la incertidumbre jurídica se instale en un sector clave para la economía. La eliminación del derecho a la audiencia previa es un retroceso que atenta contra principios constitucionales básicos. Nuestra consulta busca obligar a la Administración a clarificar y, en su caso, corregir esta situación antes de que se produzcan perjuicios irreparables», ha declarado.
La iniciativa de AUTOFORMA subraya la necesidad de un marco normativo que, además de eficaz en el control, sea plenamente garantista con los administrados. El sector espera ahora una respuesta rápida y contundente por parte de la Administración que permita recuperar la confianza en el sistema de formación bonificada.