El Gobierno aprueba un nuevo Real Decreto-ley con medidas urgentes en economía, transporte y Seguridad Social

«La actualización de las bases de cotización en la Seguridad Social para 2025 afecta a trabajadores y empresas. Descubre cómo influirá en las cotizaciones mínimas y máximas, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la cotización de solidaridad. Conoce los detalles clave y su impacto en las nóminas del próximo año

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, que abarca un amplio abanico de disposiciones relacionadas con la financiación territorial, el transporte, la cotización a la Seguridad Social y el apoyo a grupos vulnerables. Con ello, se recuperan aspectos ya contemplados en la normativa derogada anteriormente, en especial la actualización de las bases de cotización para 2025, además de prorrogar y reforzar determinadas medidas de apoyo económico y social.

Actualización de las bases de cotización y protección social
El articulado prevé que, durante 2025 y hasta que exista una nueva Ley de Presupuestos, las bases mínimas de cotización aumenten siguiendo el mismo porcentaje que registre el Salario Mínimo Interprofesional incrementado en un sexto. En cuanto a las bases máximas, se establece su elevación conforme al porcentaje de revalorización de las pensiones, añadido al fijado por las disposiciones transitorias vigentes.

Además, se prevé una nueva cotización de solidaridad para salarios que superen la base máxima, tal y como recoge la Ley General de la Seguridad Social. Esta cotización contribuirá al mantenimiento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, situado en 0,80 puntos porcentuales, con 0,67 % a cargo de la empresa y 0,13 % del trabajador.

Medidas de financiación y ayudas al transporte
En materia de transporte, se articula un modelo de subvenciones dirigidas a comunidades autónomas y entidades locales para mantener o ampliar los descuentos en abonos y billetes multiviaje de los servicios públicos. Entre otras novedades, se contemplan ayudas complementarias para la creación de nuevos servicios de transporte colectivo urbano o interurbano, así como la ampliación de la oferta existente.

También se establecen reglas específicas para el transporte regular de viajeros por carretera, incluido el abono de 10 viajes con descuentos determinados, y se prorrogan los mecanismos de ayudas para trenes de media y larga distancia. De igual manera, se regulan subsidios encaminados a reforzar la movilidad sostenible, con incentivos a la compra de bicicletas de pedaleo asistido y el impulso de sistemas públicos de préstamo de bicicletas.

Apoyo a la vivienda y colectivos vulnerables
La norma prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 determinadas medidas de protección contra desahucios cuando el arrendatario demuestre vulnerabilidad económica, siempre que no exista alternativa habitacional. Se amplía además el plazo para solicitar compensaciones por parte de arrendadores o propietarios afectados por la suspensión de lanzamientos.

Asimismo, se habilita una línea de avales para inquilinos jóvenes o familias con escasos recursos, con la finalidad de facilitar el acceso a la vivienda en régimen de arrendamiento. Esta garantía cubrirá impagos de renta y daños en el inmueble, entre otros supuestos.

Prórrogas especiales en la isla de La Palma
El texto recoge, igualmente, un conjunto de prórrogas para paliar los efectos de la erupción volcánica en La Palma, abarcando tanto expedientes temporales de regulación de empleo como aplazamientos en el pago de cuotas a la Seguridad Social y exoneraciones para trabajadores autónomos que hayan visto interrumpida su actividad.

Refuerzo de las medidas de consumo e incremento de las pensiones
Se mantiene la garantía de suministro de agua y energía para consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025, al tiempo que se renuevan las condiciones de acceso al bono social eléctrico con descuentos específicos.

En el capítulo de Seguridad Social, destaca la revalorización de las pensiones en un 2,8 %, estableciéndose nuevas cuantías mínimas y límites de ingresos para el reconocimiento de complementos. Estas medidas tendrán efectos económicos desde el 1 de enero de 2025, según se recoge en la exposición de motivos del propio decreto-ley.

La aprobación del Real Decreto-ley 1/2025 supone un marco legal transitorio en materia económica, de transporte y de protección social a la espera de que se promulgue la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado. El texto, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, configura el nuevo escenario normativo para 2025 y deja abierta la posibilidad de que, en el futuro, se adopten revisiones o ajustes al compás de la evolución económica y social.